Colorado tiene 78,000 casos pendientes en los tribunales de immigración y la peor tasa de representación legal en la país

Una familia venezolana se acercó a un guardia de seguridad en el pasillo del octavo piso del tribunal federal y lo bombardeó con preguntas en español.

Están luchando por permanecer en Estado Unidos y acaban de salir de la Sala F, uno de los seis salas de inmigración del edificio federal en el centro de Denver, donde enfrentaron al juez que eventualmente decidirá si les otorga estatus legal en este país u ordena su deportación.

Es un proceso que demorará años. 

“Nos vemos en 2026, en marzo” dice el guardia de seguridad, el agente Derek Fields, a la familia después de explicarles —usando el mejor español que puede— que su próxima comparecencia será en marzo del 2026. Les asegura que es normal esperar tanto tiempo y que tienen la libertad de irse y esperar hasta entonces.

Fields aprendió español de forma autónoma, principalmente usando YouTube, con la finalidad de ayudar a los cientos de hispanohablantes que, nerviosos y confundidos, se presentan cada semana en el tribunal federal Byron G. Rogers.

Él los ayuda a averiguar cuál de los nueve jueces de inmigración está encargado de sus casos, y cómo encontrar los formularios de cambio de jurisdicción en caso de que se programen sus futuros procesos en Miami, Chicago o Los Ángeles, en vez de Denver. Además, responde a una lluvia de preguntas completamente ajenas al derecho, incluyendo “¿Está mi hijo permitido a ir a la escuela?”

“¡Gracias a Dios! ¡Usted habla español!” exclama un hombre a Fields en un pasillo caótico en las afueras de los juzgados. En su entorno, un grupo de personas preguntan a unos abogados, quienes proporcionan asistencia gratuita como parte de una organización sin fines de lucro, lo que deberían hacer después de salir de sus audiencias. Otros están formando fila en una ventanilla de asistencia para presentar sus solicitudes de asilo. Todas las mañanas y las tardes, de lunes a viernes, una nueva fila de inmigrantes se extiende desde el iluminado vestíbulo del tribunal hasta la entrada de seguridad.

En los últimos tres años, la lista de casos del tribunal federal de inmigración en Denver, el cual sirve al estado entero, se ha incrementado más de cuatro veces. Actualmente registra más de 77.500 causas pendientes de inmigrantes que han solicitado asilo o que están enfrentando “procesos de deportación” para ser deportados a sus países de origen. Esta lista es mayor a la del año 2021, que registró 18.000 causas pendientes.

Cerca de unos 31.000 de los actuales casos pendientes conciernen a venezolanos, quienes han huido de su país en cantidades sin precedentes, llegando a Denver en autobuses repletos entre los años 2022 y 2023, después de viajar a pie  y por ferrocarril durante meses por Colombia y Centroamérica hasta la frontera entre los EE.UU. y México, en Texas. 

El Departamento de Justicia de los EE.UU. ahora tiene nueve jueces de inmigración asignados al tribunal de Denver, y otros tres al centro de detención en Aurora. Hace una década, los jueces en dichas ciudades eran solo unos pocos.

Colorado, sin embargo, ha quedado en último lugar a nivel nacional en cuanto al porcentaje de personas que cuentan con abogados para enfrentar a un complejo sistema judicial de inmigración que determinará el futuro de sus vidas. Un 85% de los inmigrantes en Colorado son procesados “pro se,” lo que quiere decir que se representan a sí mismos. 

La ausencia de abogados en el tribunal contribuye a la acumulación de casos, ya que los jueces se esfuerzan por asegurarse que los inmigrantes estén enterados de sus derechos, y aplazan los casos durante años para que estos tengan suficiente tiempo para presentar pruebas, argumentan los peritos en inmigración. Paralelamente, la inmigración es un tema muy polarizado a nivel nacional, además de ser un asunto donde las reglas pueden cambiar de un día al otro, dependiendo de quién sea presidente y quién sea Procurador General de los EE.UU., hasta tal punto que los casos se interrumpen en la mitad del proceso. 

“La razón por la cual tenemos tanta acumulación es que las personas están sumamente confundidas,” dijo Violeta Chapin, decana asociada y directora de una clínica de derecho inmigratorio de la Universidad de Colorado. “Si hubiesen abogados presentes ahí, se optimizaría el proceso y harían que sea más eficiente; les podrían decir honestamente, ‘No hay ninguna manera en la que usted se pueda quedar,’ o, ‘sí hay una posibilidad de que pueda quedarse aquí.’ ”

“Actualmente, la inmigración está estancada en esta situación con una cantidad inmanejable de casos, mientras los jueces tienen una ridícula cantidad de causas y son peones del procurador general. Necesitamos abogados defensores para estos inmigrantes porque, por no haberlos, se ha convertido en un desmadre.”

“Falta mucho tiempo para eso”

Eduardo y Crisbelys Lugo, bien vestidos y temblando de nervios, se sientan en una mesa frente al juez de inmigración Ivan Gardzelewski. Son la tercera familia consecutiva que comparece en este tribunal sin un abogado, en dicha mañana de verano. Su hija de 2 años, que tiene puesta un lazo rosado en su pelo, está sentada en el regazo de su madre. 

Bajo interrogatorio, la familia venezolana admite haber cruzado la frontera  los Estados Unidos por Nogales, Arizona, donde se presentaron ante los patrulleros fronterizos, fueron permitidos de pasar e informados que tenían que comparecer para procesos de deportación. Han solicitado el estatus de protección temporal, un tipo de permiso únicamente para personas que vienen de países que son sumamente peligrosos, por razones políticas o ambientales. Con respecto a los venezolanos, únicamente los que cruzaron la frontera para entrar a los Estados Unidos antes del 31 de julio del 2023 reúnen los requisitos para este tipo de protección, conforme a las órdenes federales.

La pareja le dijo al juez que estaban solicitando asilo y permisos de trabajo. 

Esto aumenta la confusión. Las solicitudes de autorización de empleo son parte de un proceso distinto, ya que se solicitan por medio de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, mientras que las solicitudes de asilo son procesadas en el juzgado. Para que un inmigrante obtenga un permiso de trabajo, su caso de asilo debe haber estado pendiente durante 180 días, sin ningún retraso causado por el solicitante. Esto quiere decir que si una persona pide más tiempo para encontrar un abogado, el conteo de días para su permiso de trabajo se detiene.

“¿Tienen miedo de volver a Venezuela?” preguntó el juez, pregunta que es, a su vez, transmitida por un intérprete que la pareja escucha por medio de audífonos.

“Sí,” respondieron los Lugo, asintiendo con la cabeza. 

La audiencia fue corta. El juez les urgió a completar su solicitud de asilo, y luego les dijo que vuelvan en un año y ocho meses.

“Falta mucho para eso,” dijo el juez Gardzelewski. 

Los Lugo no eran la única familia que se presentó con sus hijos, todos vestidos formalmente: las hijitas con lazos en el pelo. Una madre se encontraba sentada al lado de su esposo en la mesa del tribunal, con su hija sentada en una de sus piernas y su hijo en la otra. 

“No tienen que traer a sus hijos cuando vuelvan al juzgado,” dijo Gardzelewski, aunque agregó  que entendía que “quizás no tengan quién los cuide.” 

Algunos inmigrantes suponen, erróneamente, que tienen que traer a su familia entera, y que deben impresionar al juez, quien podría, en ese instante, tomar la decisión de permitirles quedarse en el país. Sin embargo, se les dice que deben llenar unos documentos y volver en dos años. 

“Claramente, se lo están tomando muy en serio. Se presentan con formalidad,” dijo Chapin. Ella desea agradecer a esas familias “por traer algo de dignidad a esto porque nosotros somos poco dignos. No contamos con abogados defensores para ayudarles.”

Necesitamos abogados defensores para estos inmigrantes porque, por no haberlos, se ha convertido en un desmadre.

– Violeta Chapín, decana asociada y directora de una clínica de derecho de inmigración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado

Para aquellos que se presentan ante el juzgado migratorio para su comparecencia inicial, sus audiencias se efectúan en grupos dentro de  un “calendario maestro”. En ciertos días, los inmigrantes que hablan criollo haitiano o francés son asignados a un juzgado, mientras que hay unos cuantos juzgados más, designados para los casos de hispanohablantes.  

Los jueces hablan en inglés, y un intérprete presente en la sala repite toda la comunicación verbal. La gente que ocupa todas las filas de bancos de madera se pone de pie y alza la mano derecha, jurando, como grupo, decir la verdad.

Mientras una audiencia está a punto de empezar, dos empleados judiciales se dan cuenta que dos personas asignadas a un juzgado en español hablan portugués. Se informa a la pareja brasileña que su audiencia inicial ha sido programada para otra fecha, ya que no hay un intérprete de idioma portugués disponible ese día. Se les informa que deben volver en un año y cuatro meses.

Después de que la pareja brasileña, quienes parecen estar desconcertados, sale de la sala, el juez Tyler Wood explica, ante una sala repleta de gente, que este es el inicio de sus procesos de deportación. El Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. les envió una notificación de comparecencia debido a que entraron a los Estados Unidos ilegalmente o se presentaron ante los agentes de patrulla fronteriza y fueron permitidos de entrar, sin embargo, eso provocó que el gobierno federal iniciara un caso judicial para deportarlos. 

Primero, explica, el juzgado determinará si las acusaciones son verdaderas, y luego, si pueden quedarse en los Estados Unidos o no. El personal judicial les entregará una lista de abogados que pueden representarles a “bajo costo o gratuitamente,” dice el juez. Sin embargo, Colorado está lejos de tener suficientes abogados para poder manejar la cantidad de trabajo. 

Tengan cuidado con “notarios” que venden documentos de ciudadanía por cientos o miles de dólares, dice Wood. Eso no es real, les advierte. 

Las personas en el juzgado tienen el derecho de presentar pruebas, entregar documentos e interrogar a testigos. Si el juez ordena su deportación, tienen 30 días para interponer una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración de Virginia. 

Se les permitirá permanecer en los Estados Unidos mientras su caso esté pendiente, siempre y cuando no cometan ningún delito y comparezcan en sus fechas judiciales de inmigración. 

“Muchas personas que comparecen ante el tribunal temen volver a su país de origen,” dice el juez, explicando que pueden solicitar el asilo y que esas solicitudes deben ser entregadas en las ventanillas del tercer piso. 

A todos se les informa que deben presentarse en su siguiente fecha de comparecencia, en septiembre del 2025. 

“Eso les dará tiempo más que suficiente para encontrar un abogado que les represente, o decidir autorepresentarse,” dijo el juez Wood. Eventualmente, el juez decidirá si pueden quedarse en los Estados Unidos. A él no le incumbe, les dice, decidir si se les concederá permisos de trabajo, licencias de conducir o si pueden matricular a sus hijos en la escuela.

“Les deseo a ustedes y a sus familias todo lo mejor,” dijo, y el gentío salió en fila al ruidoso pasillo.

“Aquí estamos, gracias a dios”

Linda Torres cruzó el Río Grande en El Paso, Texas, con su esposo y sus tres hijos, tan agotada que casi no podía pararse. Pasaron por la infame Puerta 36, por la cual los migrantes frecuentemente atraviesan alambres de púa y llegan a un banco de arena en la orilla del río, en pleno invierno. 

Cuando Torres y su familia se presentaron ante los agentes fronterizos el invierno pasado, les dijeron que planeaban llegar hasta Chicago y solicitar asilo, y que estaban huyendo de la opresión y pobreza de su natal Venezuela. Les permitieron pasar y les notificaron una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración de Chicago: agosto del 2026. 

Pero el bus a Chicago no salía ese día. Agotados y perturbados por la muerte y violencia que habían presenciado durante un viaje de cuatro meses caminando por la selva, saltando de trenes en marcha y durmiendo en las calles, se subieron al bus que estaba ahí. Los llevó a Denver. 

“Ya no podía quedarme de pie,” dijo Torres. 

Después de pasar el invierno en una habitación de hotel financiada por el municipio, se trasladaron a un departamento de dos dormitorios en Aurora, el cual su familia de cinco compartía con el sobrino de Torres, así como conuna madre y su hija que habían conocido en el hotel de refugio. 

Cuatro meses después de haber llegado a Colorado, el hijo de tres años de Torres seguía despertándose asustado. “Me dice, ‘¡mamá!’ y empieza a llorar. ‘Viene el tren, ¡corre, corre!’ Es duro,” dijo ella. “Es un trauma.” 

Después de huir de Venezuela, la familia pasó varios años en Colombia, donde, por más que trabajaban, tuvieron dificultades para ganar suficiente dinero para pagar la renta, y a la hija de Torres, que ahora tiene 12 años, le negaron dos veces la matriculación en la escuela, dijo ella. Les tomó dos meses llegar a México, cruzando el tramo de 60 millas de selva llamado el Darién Gap, con un infante y un bebé, y otros dos meses teniendo que dormir, de vez en cuando, en las calles de México antes de llegar a los Estados Unidos. 

Torres vió “demasiados muertos,” dijo. “Caminamos sobre los muertos. Caminamos encima de ellos porque les cubría el lodo.” Lo peor fue encontrar una familia de inmigrantes que habían muerto juntos en una carpa en México. “Me acerqué a la carpa y la abrí, y allí estaban el papá, la mamá y el bebé,” dijo Torres, a punto de llorar. “Era un bebé chiquitito. Vi muchas cosas.” 

“Me afectó mucho. Lloré mucho. Sufrí mucho. Tuve noches terribles. Soportamos mucho frío y lluvia. Tuvimos hambre, pero aquí estamos, gracias a dios.”

Mientras ella y su esposo esperan la autorización de empleo, Torres ha estado vendiendo rosas, chocolates y chupetes en las afueras de un supermercado de Aurora, a veces acompañada por su hijo y su hija de un año. Gana entre $20 y $70 en un día. Se inscribió en el programa de asilo de seis meses de la ciudad de Denver, por medio del cual se inscribió en clases de inglés y asistió a una sesión de salud mental sobre cómo lidiar con el trauma. Una organización sin fines de lucro local, ViVe Wellness, ayudó a su familia a encontrar el departamento en Aurora, después de que gastaran $500 en cuotas de solicitud para múltiples apartamentos. Además, el programa de la ciudad les está ayudando a pagar los primeros meses de la renta. Su hija mayor está matriculada en la escuela.

La fecha de comparecencia y el saber que podrían ser deportados años después de construir sus nuevas vidas, les acosa. 

Con la ayuda de un abogado sin costo de una organización sin fines de lucro, Torres presentó la documentación necesaria para trasladar su comparecencia de Chicago a Denver. Torres tiene la esperanza de que el mismo abogado les ayude a preparar sus solicitudes de asilo, al reunir suficientes pruebas para comprobar que sería peligroso para ellos volver a Venezuela.

En Venezuela, Torres y su madre trabajaban para una empresa de petróleo operada por el gobierno, pero después de que Torres trabajó ahí cinco años, los empleados fueron abruptamente despedidos por falta de trabajo y no recibieron pago alguno por las horas que ya habían trabajado. Su madre nunca recibió las pensiones que le correspondían. En los vecindarios de su zona, el asesinato era común, dijo. 

En Colorado, ella se ha enfrentado a más xenofobia y racismo que en cualquier otro lugar, asegura. “Sea lo que sea que me hagan, lo enfrentaré,” dijo. “Vine aquí para trabajar. Por eso salgo todos los días. Me aguanto humillaciones, la gente me grita, insultándome, me tiran tazas de agua. Hay gente buena y hay gente mala.”

Sin embargo, si se les permite, Torres piensa que su familia se quedará. Aún extraña su hogar, pero dijo que su familia “se merece algo mejor.”

“Quisiera que ellos tengan una vida, que estudien, que no trabajen. Que estudien, porque trabajar es mi responsabilidad. Quiero que estudien para que hagan algo de su vida, para que no tengan que pasar por lo que yo he pasado.”

Es 10 veces más probable que los inmigrantes sin abogado sean deportados

Es mucho más probable que los inmigrantes que no tienen un abogado pierdan su caso. 

Es 10 veces más probable que aquellos que tienen abogado eviten la deportación en comparación con los que no tienen abogado, y es 3.5 veces más probable que a los inmigrantes con abogado se les conceda la caución y sean liberados de la detención, según el Vera Institute of Justice (Instituto de Justicia Vera), que aboga por reformar el sistema judicial. 

De los 130.000 inmigrantes con órdenes de ser deportados de este país en los primeros siete meses del año pasado, unos 100.000 no tenían abogado, según las investigaciones de Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Los jueces de inmigración de Denver, en promedio, ordenaron la deportación de un 60% de personas cuyos casos fueron decididos entre 2018 y 2023, según las investigaciones de dicha universidad. 

“Preparar los documentos, completar los formularios, saber cuáles son los elementos necesarios para presentar un caso, organizar todo en un formato adecuado; ese es el trabajo de un abogado,” dijo Regina Bateson, una profesora de ciencias políticas de CU Boulder que ha llevado a estudiantes al tribunal de inmigración de Denver. “La mayoría de los clientes van a tener dificultades en hacer eso de manera eficaz.

“Intentar enseñarse a sí mismo, al estilo autodidacta, cómo ser un abogado de inmigración, es muy difícil, especialmente cuando uno es analfabeto incluso en su propio idioma.”

Las solicitudes de asilo son de 12 páginas, pero pueden extenderse a cientos de páginas con documentos adjuntos. Si un solicitante de asilo comete un error en la documentación, como, por ejemplo, olvidarse de nombrar a un hijo en el lugar adecuado, puede resultar en retrasos y procesos extra para corregirlo.

“Hay montones de preguntas acerca de la historia de uno, y deben contestarse en inglés, es el fundamento de la solicitud de asilo de cada uno,” dijo Christina Brown, abogada de inmigración y directora ejecutiva del Colorado Asylum Center (Centro de Asilo de Colorado), que proporciona servicios de clínicas de derecho para inmigrantes registrados en el programa de solicitante de asilo de la ciudad. “Si uno pone una dirección incorrecta, el abogado del Departamento de Seguridad Nacional le destrozará durante el contrainterrogatorio. Cada aspecto es de vida o muerte.”

Para tener fundamentos para un caso de asilo, las personas deben comprobar un “temor justificado de persecución” debido a su raza, religión, opinión política o grupo social. La pobreza, por sí sola, no es suficiente razón para reunir los requisitos. Tampoco lo es la violencia generalizada, las personas deben comprobar que fueron específicamente oprimidas. 

Las personas que no tienen un abogado podrían escribir dos oraciones en un espacio pequeño en el que se les indica describir por qué temen volver a su país natal. Mientras que aquellos que tienen abogado podrían escribir “véase el documento adjunto” que diga, en múltiples páginas detalladas, las razones por las cuales volver a su hogar es peligroso para ellos. 

Bateson vivió en Guatemala, donde trabajó para el servicio exterior de los EE.UU., y ahora proporciona de manera gratuita su testimonio como testigo pericial con respecto a las “condiciones de su país” para inmigrantes guatemaltecos que solicitan asilo. Los abogados de inmigrantes piden el testimonio de Bateson acerca de los grupos locales justicieros de Guatemala, los cuales capturan y torturan a personas que sospechan de haber cometido delitos, por tener opiniones políticas distintas, o que no son “socialmente tolerables”. 

Ella redacta declaraciones que explican las condiciones en Guatemala para respaldar la historia de un solicitante de asilo acerca de la persecución y seguridad. Su trabajo forma parte de un expediente que podría incluir informes policiales, historiales médicos y evaluaciones psicológicas, que pide el abogado del inmigrante para comprobar la existencia de un trastorno postraumático. Debido a que el solicitante se encuentra ahora en los Estados Unidos, este trabajo requiere procurar declaraciones de parientes, amigos y vecinos que viven en su país natal, los cuales podrían ser difíciles de localizar, y también hay que traducir todos los documentos al inglés.

Es improbable que aquellos que no tengan un abogado puedan proporcionar alguno de estos elementos para su autorepresentación. 

Según Bateson, los jueces y el personal del tribunal de inmigración de Denver son más amistosos, pacientes y accesibles que los que ella ha visto en otros tribunales del país. Sin embargo, eso no significa que la gente no esté confundida.

“Aunque el tribunal de inmigración esté esforzándose por explicar el proceso adecuadamente, es muy difícil entenderlo, incluso si la interpretación es perfecta,” dijo. “Para una persona no experta es simplemente difícil entenderlo. ¿Cuándo debe uno presentarse? ¿Cómo le mantiene informado al tribunal respecto de su dirección domiciliaria? Si el juez le dice que no tiene que volver hasta el 2027, una persona razonable podría dudar: ¿Realmente funciona así?” 

Además, los inmigrantes generalmente se confunden con el proceso de cambio en la ubicación del tribunal que les corresponde, si es que terminaron viviendo en Denver en vez de la ciudad que mencionaron cuando cruzaron la frontera. Ellos erróneamente piensan que únicamente necesitan entregar un formulario de cambio de dirección, sin darse cuenta de que también deben presentar un pedido ante el tribunal para cambiar la jurisdicción. Para cuando algunos de ellos se dan cuenta, ya es muy tarde y pierden el caso.

“La gente piensa que puede cambiar su tribunal de Nueva York a Denver cuando su audiencia es en cinco días,” dijo Brown, del centro de asilo. “Usted tiene que estar en Nueva York en cinco días. No hay cómo evitarlo.” 

Los tribunales de inmigración están abrumados a nivel nacional, habiendo 3.7 millones de casos pendientes, una cifra aproximadamente igual a la población de Los Ángeles. Indican los investigadores de la universidad de Syracuse que hubo una aceleración a fines del 2021, y dicen que aunque la acumulación de casos se incrementó durante las administraciones de Obama y Trump, se ha incrementado “a toda marcha” bajo el presidente Biden.

Para lidiar con ello, los tribunales de inmigración han intentado tratar de manera eficaz los casos al incentivar más conferencias previas a la audiencia “para resolver asuntos que no requieren ser abordados en un juzgado” y programar audiencias de maneras más eficientes, dijo Kathryn Mattingly, secretaria de prensa para la Executive Office for Immigration Review (Secretaría Ejecutiva de Revisión Inmigratoria) del departamento de justicia federal. El sistema resolvió más de 500.000 casos en todo el país el año pasado, dijo ella, “lo que excedió, por mucho, las operaciones de años anteriores.”  

Ella indicó que la Secretaría de Revisión Inmigratoria “no controla el número de tales casos” porque, aunque la agencia federal los conoce , el Departamento de Seguridad Nacional se encarga de registrarlos: se presentaron 1.2 millones de casos nuevos en los tribunales de inmigración el año pasado, un incremento sustancial, en comparación con los 228.000 casos registrados en 2016. 

Una regulación federal permite que un abogado ayude a inmigrantes con procesos judiciales sin encargarse del caso entero, lo cual ha ayudado a que miles de personas obtengan asesoría legal, dijo Mattingly. Ella no dijo aproximadamente cuánto tiempo, en general, tomará, realmente, resolver un caso de inmigración.

“Es importante notar que cada caso de asilo es único, y conlleva sus propios hechos y circunstancias que determinan su plazo de resolución,” dijo ella, en un correo electrónico.

Los procesos de inmigración son civiles, no penales

Los Estados Unidos justifican el no proporcionar abogados para quien se presente ante el tribunal de inmigración porque los procesos son de índole civil, no penal, dijo Chapin, quien trabajó para el defensor público en Washington, D.C., antes de venir a CU. A diferencia de los acusados indigentes en casos penales, las personas en los tribunales de inmigración, aunque estén detenidos, no tienen derecho a abogados de oficio.  

El sistema es un laberinto de derecho tan complejo que es incluso difícil navegarlo para los abogados, a menos que se dediquen únicamente a casos de inmigración. Además de todo esto, la ley puede cambiar dependiendo de la situación política y el presidente. 

Cuando el anterior presidente Obama cumplía su cargo, Chapin tuvo un cliente cuya solicitud de asilo estaba centrada en violencia doméstica. La audiencia era en un mes, pero fue cancelada y aplazada por dos años. Para ese entonces, Donald Trump ya era el presidente, y su procurador general, Jeff Sessions, eliminó la violencia doméstica como fundamento legítimo. Bajo el presidente Biden, el procurador general, Merrick Garland, la restauró. 

“Los tribunales de inmigración están al mando de quien sea el procurador general, lo que significa que el poder ejecutivo decide lo que ocurre en el poder judicial,” dijo Chapin. “Los tribunales de inmigración no son independientes.” 

Los problemas del sistema no comenzaron debido al flujo de sudamericanos que han venido durante los últimos dos años; comenzaron hace décadas, dijo Chapin.

“Así de absurdo es nuestro sistema de inmigración,” dijo. 

Los abogados de inmigración de Colorado calculan que hay no más de 50 de ellos trabajando en casos, y es difícil para ellos hacerlo de forma gratuita porque duran años. Mientras más dure un caso, más probable es que la ley cambie antes de que sea resuelto. 

“Cuando los casos duran así de largo, la duda no solo tiene que ver con no saber lo que pasará con un caso, sino también tiene que ver con no saber qué ocurrirá con la ley,” dijo Monique Sherman, abogada gerente del programa de detención de Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network (Red de Defensa de Inmigrantes de las Montañas Rocosas), una organización que representa a familias y niños en procesos inmigratorios. 

Las reglas podrían cambiar de nuevo, dependiendo de quién sea elegido presidente. Trump, quien ha repetido acusaciones falsas de que inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, están comiendo mascotas, y que las pandillas venezolanas han “conquistado” Aurora, ha prometido deportaciones masivas que se iniciarían en esas dos ciudades. 

Colorado dio un primer paso en proporcionar abogados de oficio en los tribunales de inmigración conforme a la ley aprobada en 2021. El Fondo de Defensa Legal de Inmigración, que consiste en $350.000 de fondos estatales por medio del Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado, se destina a organizaciones sin fines de lucro que proporcionan asistencia legal para personas implicadas en procesos de deportación. La mayoría de los fondos, un 70%, son para personas detenidas en Aurora. Al ser la organización de defensa de inmigrantes más grande del estado, RMIAN recibe la mayor parte de los fondos, mientras que una parte se destina a Mountain Dreamers, basados en Frisco, y a la sede en Denver del International Rescue Committee y la Alianza NORCO en Fort Collins. 

Se ha ayudado a 184 inmigrantes con defensa legal a partir del año 2022. Este año, la legislatura estatal destinó un fondo extra, de una sola vez, de $350.000, lo que equivale a un importe total de $700.000.

Para personas que se representan a sí mismas sin un abogado, el personal de RMIAN organizó presentaciones denominadas “conoce tus derechos” y estableció un servicio de ayuda que opera la mayoría de los días en el tribunal federal de Denver. Cientos de personas asistieron a estas presentaciones hace tres años. Sobrepasaron los 3,500 asistentes el año pasado. 

Y para las personas detenidas en el centro de detención de Aurora del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU., la organización sin fines de lucro hace una lista diaria de las siguientes audiencias, y luego le pide al guardia, que trabaja para la empresa privada que opera el centro, que pase por las celdas y pregunte a los detenidos si desean reunirse con la organización de defensa. Actualmente, el centro tiene unas 1.250 personas detenidas, y RMIAN tiene un personal judicial de 44. 

“Como una pequeña organización sin fines de lucro, no es posible para nosotros representar a tal cantidad de personas”, dijo Sherman, mencionando que las consecuencias para los detenidos son extremadamente graves.

“En Aurora, si una persona no ha completado una solicitud porque no habla el idioma, el juez podría simplemente ordenar su deportación por no haber presentado la solicitud a tiempo.”

“Estar en el limbo es lo único que algunos de nosotros sabemos” 

Personas que esperan años por una resolución de su caso legal sienten un mínimo de alivio al saber que, con tal de que cumplan con las reglas, incluyendo comparecer a las audiencias judiciales, el gobierno no les deportará, dijo Gladis Casas Ibarra, co-directora de Colorado Immigrant Rights Coalition (Coalición de Derechos de Inmigrantes de Colorado).

Aún así, están viviendo en el limbo. 

“Les da a la gente un sentido de seguridad, por lo menos durante unos años. No tienen que preocuparse de estar separados de su familia,” dijo Ibarra, quien se mudó de México a los Estados Unidos a los 8 años, y es beneficiaria de DACA, o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. “Pero el estar en el limbo es lo único que algunos de nosotros sabemos. Aumenta el estrés a un nivel que yo considero innecesario. Para las personas que están solicitando asilo después de realizar un viaje increíble que les cambió la vida, y luego resulta que su caso se ha quedado en suspenso, es algo difícil de comprender.”

Yenny Andreu Vivas, quien emigró de Colombia a los Estados Unidos hace décadas y, el año pasado, se casó con su esposo cubano, trabaja como navegadora para la organización de derechos de inmigrantes, Alianza NORCO, en Fort Collins. Ella pasa su tiempo comunicándose con la gente, enfatizando lo importante que es que se presenten en su fecha de comparecencia. 

Para muchos, el viaje al tribunal federal de Denver, el único tribunal de inmigración en Colorado aparte del que está designado para los reclusos del centro de detención en Aurora, es un lío porque no tienen su propio vehículo. Si no pueden pedirle un aventón a un amigo o a alguien de su iglesia, tienen que pasar horas en buses públicos.

Ella les dice: “¡No falten! Porque si no cumplen con la comparecencia, serán deportados. Incluso si no tienen abogado, lo importante es que comparezcan.”

Además, muchos están confundidos, dijo Vivas, con el proceso de solicitar un permiso de trabajo, y por el hecho de que su periodo de espera está vinculado a su caso de asilo. 

“Cuando se enteran de que el proceso realmente no es tan simple, se preocupan mucho,” dijo Vivas. “La mayoría ya viene con trauma, y cuando llegan y se enteran que deben esperar seis o siete meses, o un año, para un permiso de trabajo, dependiendo de cuándo presentaron la solicitud de asilo, es mucho tiempo cuando uno tiene que pagar cuentas y necesita comprar comida.”