Organización sin fines de lucro de Colorado que ofrece ayuda legal a inmigrantes es ordenada a cesar su trabajo por parte de las autoridades federales
El fundador del Rocky Mountain Immigrant Advocacy fue uno de los que recibió una orden de cese de actividades por parte del Departamento de Justicia de EE.UU.
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Read this article in English | Traducción por Jackie Ramirez
La organización más grande de Colorado que ofrece servicios legales a inmigrantes ha sido ordenada a detener sus operaciones.
El Departamento de Justicia de EE. UU. emitió una ‘orden de cese de actividades’ a varias organizaciones de defensa de inmigrantes en todo el país, incluida la que financia la red del Rocky Mountain Immigrant Advocacy. La organización sin fines de lucro de Colorado brinda representación legal gratuita y otros servicios legales a miles de inmigrantes que se encuentran detenidos en el centro de detención en Aurora o que están luchando contra su deportación en el tribunal de inmigración de Denver.
La orden sigue a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump titulada “Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión” y que anuncia la “ejecución fiel de las leyes de inmigración”.
La orden de cese de actividades del Departamento de Justicia federal fue recibida la semana pasada por organizaciones de defensa que reciben fondos federales, incluyendo el Acacia Center for Justice, que apoya la red de Colorado. Los defensores de Colorado anunciaron el lunes por la noche que la orden significa que deben suspender sus operaciones dentro del centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. en Aurora y en el tribunal de inmigración en el centro de Denver.
Más del 85% de los inmigrantes en Colorado que luchan contra su deportación y tratan de probar su caso de asilo u otros métodos legales para permanecer en los Estados Unidos no tienen abogado. Muchos de ellos visitan los puntos de ayuda de la red de defensa y las presentaciones de ‘Conozca sus Derechos’ en el tribunal y el centro de detención antes de ingresar a la corte para enfrentarse a un juez de inmigración.
La acción federal llegó en forma de un correo electrónico conciso, una copia del cual fue obtenida por The Sun.
“Este correo electrónico es para notificarle que debe cesar de inmediato las actividades conforme a la Orden Ejecutiva vinculada a continuación”, decía el correo, incluyendo un enlace a la orden de protección contra la invasión de Trump.
“La administración está efectivamente silenciando la capacidad de los inmigrantes para defender sus derechos mientras los somete a medidas de aplicación de la ley y detención más intensificadas”, dijo RMIAN en un comunicado de prensa.
“Quitar el acceso a estos programas esenciales y que salvan vidas de servicios legales en inmigración, mientras se ordenan aumentos en la aplicación de la ley de inmigración y la detención que atropellarán los derechos de los miembros de la comunidad, es una violación impactante y grosera de los principios fundamentales del debido proceso, el acceso igualitario a la justicia y nuestros valores de cuidado hacia los miembros de nuestra comunidad y nuestros seres queridos”, dijo Mekela Goehring, directora ejecutiva de la organización”.
La orden corta el financiamiento de los programas de ‘Conozca sus Derechos’, que es la forma en que las organizaciones de defensa en todo el país filtran casos para determinar la necesidad de representación legal, dijo Laura Lunn, directora de defensa de RMIAN, a The Sun el martes. Aunque los 41 empleados de la red pueden cambiar a otras tareas, “sin este primer punto de contacto, será muy difícil” identificar a las personas detenidas que necesiten apoyo legal, dijo.
La red de defensa comenzó su trabajo en Colorado en 2003. El grupo recientemente capacitó a unos 100 abogados no especializados en inmigración para que asumieran casos de inmigración para personas detenidas en Aurora.
El centro de detención de ICE en Aurora tiene licencia para albergar hasta 1,500 personas. El gobierno federal se niega a publicar un conteo diario de cuántas personas están detenidas en el centro, pero las organizaciones de defensa de inmigrantes estiman que casi 1,200 personas están detenidas. De esas, aproximadamente el 40% enfrenta cargos criminales, mientras que el 60% está detenido solo por estar en los Estados Unidos ilegalmente.
Además, 77,000 casos están pendientes en el tribunal federal de inmigración en el centro de Denver.
Los expertos en inmigración argumentan que la ausencia de abogados en la sala del tribunal contribuye al retraso generalizado en los tribunales de inmigración a nivel nacional, ya que los jueces se ven obligados a hacer todo lo posible para asegurarse de que las personas entiendan sus derechos y extienden los casos durante años para darles tiempo suficiente para presentar pruebas.
Las organizaciones de derechos de los inmigrantes en todo el país han dicho que planean presentar una demanda contra el Departamento de Justicia por la orden de cese de actividades.
Acacia, la organización sin fines de lucro nacional que financia la red de Colorado, opera ocho programas financiados por el gobierno federal y un programa financiado por el estado en más de 80 ubicaciones.
Mientras tanto, un comité del Congreso ha solicitado al alcalde de Denver, Mike Johnston, que testifique el 11 de febrero sobre el estatus de la ciudad como una ‘ciudad santuario’, aunque Denver no utiliza ese término. El alcalde recibió una carta del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes de EE. UU., solicitando que explique las políticas de Denver.
“Las jurisdicciones santuario y sus políticas equivocadas y obstruccionistas dificultan la capacidad de los oficiales federales de hacer arrestos seguros y eliminar a criminales peligrosos de las comunidades estadounidenses, haciendo a los estadounidenses menos seguros”, dice la carta. “Denver es una jurisdicción santuario que se niega a cooperar completamente con la aplicación de la ley de inmigración federal”.
Las acciones se producen después de que Trump prometiera llevar a cabo ‘deportaciones masivas’ y la administración ha intensificado la aplicación de la ley de inmigración, comenzando con redadas en Chicago.
Esta historia fue publicada a través de un acuerdo de compartición de noticias con The Colorado Sun, una organización sin fines de lucro propiedad de periodistas, con sede en Denver, que cubre todo el estado.
